La Superintendencia de Bancos informó este 11 de marzo de 2025, que ha dispuesto el cese inmediato de las operaciones del banco Amibank y su liquidación.
Según la Superintendencia, Amibank ha presentado de manera reiterada deficiencias en su gestión administrativa y en sus estructuras financieras lo que ha provocado un deterioro significativo de sus indicadores.
Además, según los reportes de supervisión realizados, el banco mantiene un índice de morosidad superior a la media del mercado, comprometiendo la capacidad de recuperación de su cartera crediticia.
La Superintendencia también informó que este banco ha reportado pérdidas acumuladas desde 2020, «agotando progresivamente su patrimonio, registrando deficiencia de provisiones»
De ahí que la Superintendencia ha dispuesto la liquidación del banco, y la aplicación de medidas para proteger a los depositantes y evitar un mayor deterioro de la institución financiera.
Dentro de estas acciones se contempla la suspensión inmediata de operaciones para lo cual se ha designado a un administrador temporal.
Cosede devolverá recursos a los depositantes
La Superintendencia detalló que, en coordinación con la Corporación del Seguro de Depósitos (Cosede) se ha desarrollado un plan estructurado para la devolución de los fondos asegurados, «garantizando que los clientes cuyos depósitos estén cubiertos reciban su dinero en los plazos establecidos una vez designado el respectivo liquidador».
¿Qué problemas presenta Amibank?
En septiembre de 2023 Amibank entró a un programa de supervisión intensiva por parte de la Superintendencia, sin embargo «el banco ha incumplido con las acciones establecidas para su recuperación», según el ente de control.
Estos son los hallazgos que motivaron a la Superintendencia a tomar la decisión:
1. Altos gastos operacionales, con un alto ratio de absorción, impactando negativamente su sostenibilidad.
2. Pérdidas acumuladas superiores al 50% del capital social.
3. Incumplimiento de las observaciones del organismo de control, auditoría externa e interna.
4. Falta de mecanismos para mitigar el potencial riesgo de crédito, debilitando el proceso crediticio.
5. Ineficaz gestión administrativa a través de la participación y coordinación del gobierno corporativo.
6. Incumplimiento de acciones requeridas para controlar el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
7. Deterioro patrimonial e incumplimiento reiterado del requisito mínimo de solvencia.
Fuente: Primicias